Revus - številka 39, letnik 2019
Revus je prva revija za ustavno teorijo in filozofijo prava na Zahodnem Balkanu. Z večjezičnostjo se ponuja tudi kot edini regionalni pravni forum. Strogi izbirni postopek in mednarodna indeksiranost vsebine pa zagotavljata kakovost in odmevnost v njej objavljenih razprav in člankov.
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Claudina Orunesu in Jorge L. Rodríguez
A revision of the theory of fundamental legal concepts
Although they come from different traditions, Hans Kelsen and W. N. Hohfeld have offered two essential contributions to the clarification of fundamental legal concepts. After a brief review of their proposals, certain problematic aspects of their reconstructions will be analyzed in the light of categories developed by Eugenio Bulygin, in particular his criticism of the reductionist conceptions of norms, the non-prescriptive character of power-conferring rules, and the distinction between norms and norm-propositions. On this basis, and starting from the concept of legal obligation, an outline of an alternative reconstruction of the theory of fundamental legal concepts will be presented. | The Spanish original of this article was published in Revus (2018) 36.
Gregory C. Keating
Between absolutism and efficiency
The author develops two lines of argument. One line responds to specific objections advanced by his critics and seeks to show that these objections do not undermine the claim that the safety and feasibility standards are rationally justifiable alternatives to cost-justification. This Reply leads, however, with a second line of argument. We are all—consequentialists and non-consequentialists, philosophers and economists—imprisoned in the grip of the debate between utilitarianism and its critics that dominated political philosophy in the latter half of the 20th century. Classical utilitarianism fell into disfavor because its commitment to maximizing utility may justify depriving minorities of basic rights whenever such restrictions promote the greatest net happiness. The cure for this fault is to make some basic rights “absolute”— to rule out some trade-offs entirely. The legacy of this debate is the conclusion that we must choose between “absolutism” and “efficiency”. Unattractive as “efficient” trade-offs may be, the absolute prohibition of trade-offs is untenable when risks of physical harm are at issue. The safety and feasibility standards must fail because they are unacceptably absolutist. Once we shake ourselves free of this philosophical legacy we can see that these standards are standards for making trade-offs not for forbidding them and that the trade-offs they prescribe are plausible.
Isabel Lifante Vidal
En defensa de una concepción constructivista de la interpretación jurídica
Este trabajo pretende defender una concepción constructivista o dependiente de valores de la interpretación jurídica y mostrar su superioridad frente a concepciones rivales. La interpretación jurídica es una actividad que implica la participación en la práctica del Derecho y se encuentra por tanto comprometida con los fines y valores que dotan de sentido a la práctica o, dicho de otro modo, con la mejora de la misma. En este sentido, el trabajo sostiene que para contestar a la pregunta sobre cómo debe interpretarse el Derecho debemos plantearnos previamente qué es lo que hace que el Derecho sea valioso; la evaluación de una determinada interpretación como mejor o peor que otras interpretaciones posibles dependerá precisamente de cómo aquélla contribuya a maximizar esos principios que hacen que consideremos valioso el Derecho. De este modo, la argumentación jurídica en el ámbito interpretativo tiene un componente moral y político, aunque ello no tiene por qué implicar desconocer sus peculiaridades, en especial, la relevancia de los elementos autoritativos.
María Cristina Redondo
Conceptos institucionales: Una crítica a las posiciones reduccionistas e interpretativistas
Este trabajo propone una reflexión sobre un tipo de conceptos jurídicos: aquellos que delimitan y permiten identificar instituciones jurídicas. En la primera parte se toman en consideración tres propuestas que se presentan como visiones competitivas sobre el modo de entender este tipo de conceptos institucionales. En primer lugar, la concepción interpretativo-justificativa de Ronald Dworkin, en segundo término, la concepción reduccionista asociada a la teoría realista de Alf Ross. Por último, la concepción criterial sostenida por un positivismo jurídico de tipo normativista. En la segunda parte del trabajo estas tres propuestas se ponen en juego con relación a una institución jurídica concreta: el delito de brujería. Los objetivos del trabajo son fundamentalmente dos. Por una parte, mostrar que el enfoque analítico y metateórico del positivismo jurídico normativista no es reducible a ninguno de los otros dos y, a su vez, relevante desde un punto de vista práctico. Por otra parte, mostrar que la presentación de las propuestas consideradas como enfoques competitivos sobre los conceptos institucionales es engañosa. En realidad, ellas no hablan de los mismo. Están guiadas por objetivos metodológicos distintos y, sobre todo, responden a preguntas diferentes con relación a las instituciones jurídicas.
Daniela Accatino
Teoría de la prueba: ¿somos todos “racionalistas” ahora?
Este trabajo se pregunta de qué hablamos cuando hablamos de concepción racionalista de la prueba e identifica un núcleo de tesis básicas que se puede considerar común a sus versiones angloamericana y continental o latina: la tesis de la búsqueda de la verdad como fin preferente de la prueba jurídica y la tesis de la justificación probatoria como caso especial de la justificación epistémica general. Se identifican también dos presupuestos filosóficos en los que esas tesis se apoyan: la asunción de una noción de verdad como correspondencia y la distancia en el plano ontológico y epistemológico tanto respecto del escepticismo, como de un cognoscitivismo ingenuo. Y se sostiene que la imprecisión, en aspectos importantes, de esas tesis y esas asunciones es lo que permite que la adscripción a una concepción racionalista funcione como arena común para las discusiones contemporáneas sobre la prueba jurídica, clausurando algunos debates -los relativos a la noción de verdad- y abriendo, en cambio, otros -los que se refieren al grado de especialidad de la justificación probatoria y al modo en que el derecho probatorio debiera ocuparse de la distribución equitativa del riesgo de error.